El procesamiento de cuatro exjefes de ETA por el atentado mortal contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en agosto de 2002, se encuentra a expensas de que las autoridades francesas decidan si autorizan su entrega por estos hechos, una decisión que han pospuesto para el próximo mes de septiembre.
En respuesta a este aplazamiento, el juez Manuel García Castellón ha emitido un auto en el que recuerda a las autoridades francesas que la continuación de este procedimiento depende de esa decisión y que, por tanto, valoren «la procedencia de agilizar las gestiones».
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional expone que existen «indicios fundados de criminalidad en las actividades llevadas a cabo por los investigados».
El juez les considera responsables de proporcionar «los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados, ejerciendo un control total sobre los actos de sus militantes».
La Fiscalía francesa se ha pronunciado en favor de dar luz verde a esas euroórdenes, mientras que los reclamados las rechazan. Los exdirigentes etarras están investigados por los delitos de asesinatos terroristas, tentativas de asesinato y estragos terroristas por haber supuestamente propiciado este atentado, en el que murieron la hija de 6 años de un agente de la Guardia Civil y un hombre que se encontraba en las proximidades de la casa cuartel. Como autores de la masacre ya fueron condenados en 2012 los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi.