Compromís ha registrado desde las comarcas alicantinas de costa 12 documentos de alegaciones a la Ley de Protección y Ordenación del Litoral presentado por el Consell del PP y Vox. La califican de normativa arbitraria, que desprotege el litoral y abre la puerta a la especulación urbanística.
Junto al grupo de la Diputación de Alicante, los colectivos locales de Dénia, Teulada, Polop, La Vila, El Campello, Alacant, Elx, Santa Pola, Torrevieja y Xàbia han mostrado la profunda preocupación que despierta el documento elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio.
Paula Espinosa, diputada de Compromís en las Corts, lamenta que este anteproyecto haya sido redactado obviando la normativa vigente que protege el litoral valenciano. Espinosa recuerda que “el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) ya protege 7.500 hectáreas de nuestro litoral y ha sido ampliamente avalado desde el punto de vista jurídico”, (incluso por el Tribunal Supremo). Además, añade que el PATIVEL ya establece un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral.
La diputada ha alertado sobre una ley impulsada por PP y Vox que “permitirá desarrollar usos hoteleros a 200 metros del mar, en espacios definidos como No Urbanizables de Protección Litoral en la normativa vigente. Se abre la puerta para construir en espacios naturales hasta ahora impensables. La ley debe estar de acuerdo con las necesidades del momento. No estamos en contra del turismo, pero no puede situarse por encima de nuestro derecho a la vivienda y a un territorio medioambientalmente sostenible”.
Ximo Perles, portavoz en la Diputació de Alacant y el Ayuntamiento de Calp, ha destacado la inseguridad que generará a los municipios una ley que nace con una marcada indefinición y que producirá arbitrariedad en las decisiones de las administraciones: “Oposición firme contra esta ley hecha por negacionistas del cambio climático. Es una ley escrita por nostálgicos de la burbuja Inmobiliaria, el anteproyecto es un modelo de explotacion del litoral que no arregla los problemes de vivienda que tenemos los municipios. Si no son capaces de mejorar la ley que ya había, que no hagan nada».
Compromís, en sus alegaciones, considera que el texto está plegado de ambigüedades y ni siquiera dota de seguridad jurídica a los afectados por los deslindes que a priori era uno de los objetivos marcados por el Gobierno de Mazón.
La coalición asegura que la utilización del término “valor etnológico indubitado” en referencia a los núcleos costeros “tradicionales”, resulta “excesivamente difuso y provoca arbitrariedad” a la hora de determinar qué núcleos lo tienen y cuáles no. Según la parlamentaria, “se corre el riesgo más que obvio de profundizar en la inseguridad jurídica y en la incertidumbre que sufren las propiedades ubicadas en estos lugares, generando un perjuicio todavía mayor”.
Compromís concluye que el Anteproyecto es una copia de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Tanto es así que se traslada de manera literal parte del articulado a la norma valenciana. Espinosa explica cómo, “con una simple lectura comparativa aflora esa similitud, llegando a contradecir argumentos de la propia ley. Es significativo, por ejemplo, que la zonificación de suelo que se propone sea íntegramente coincidente con la normativa gallega, a pesar de haber remarcado que la costa valenciana y la Cantábrica o Atlántica no tienen nada a ver”.
Por el contrario, la normativa vigente que se pretende derogar con esta propuesta sí que parte, de manera argumentada técnicamente y científica, de esa singularidad en tanto en cuánto analiza el territorio de manera integrada y lo dota de una regulación de acuerdo con la realidad socioeconómica, territorial y medioambiental.
Uno de los puntos más controvertidos del anteproyecto es la modificación que plantea sobre los usos del suelo no urbanizable que ocupa la franja litoral y que vulneraría el principio de no regresión ambiental.
Con la nueva normativa presentada existe la posibilidad según indican desde Compromís de desarrollar usos residenciales a partir de 500 metros y hoteleros a partir de 200 en espacios donde actualmente no está permitido.
