Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Elche una organización criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social. Durante el operativo, en el que han participado más de 100 agentes, se ha detenido a 125 personas presuntamente implicadas en la organización criminal que operaba en todo el territorio nacional con la colaboración de un despacho de abogados.
Se han practicado 12 registros domiciliarios en los que se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.
La investigación se inició en octubre del 2020 cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboración de un despacho de abogados. Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no tenían forma de ser localizadas ni física ni virtualmente.
Las gestiones policiales detectaron también, que el supuesto empresario se reunía asiduamente con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados y que posteriormente resultaron ser presuntamente, miembros activos de la organización criminal. Los investigadores pudieron conocer que la organización criminal, con el asesoramiento y participación de un despacho de abogados, se dedicaba a la creación de empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda pública y para regularizar migrantes de manera fraudulenta.
Las empresas ficticias, facilitaban a los migrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para, así, realizar los trámites de obtención o renovación de permisos de residencia. Además emplearon una de las empresas ficticias para obtener un crédito de manera fraudulenta y con la connivencia de empleados de una entidad financiera, que jamás se iba a devolver.
El principal responsable de la red criminal regentaba un prostíbulo, en la localidad ilicitana, que resultó ser el domicilio social de dos de las empresas vinculadas al entramado.
Blanqueo de dinero con criptomonedas
La operación, en la que han participado más de 100 agentes de distintas unidades, ha logrado desarticular por completo la organización y se ha llevado a cabo en cuatro fases. Durante la primera fase se realizaron las entradas y registros en domicilios en los que se intervino abundante documentación, 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 122.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal. La granja de minado, instalación que consume gran cantidad de energía eléctrica, se encontraba conectada de manera ilegal al suministro eléctrico.
Durante la segunda fase se practicaron las detenciones de todas las personas que se habían beneficiado de la actividad ilícita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la seguridad social, o bien mediante su regularización fraudulenta en territorio nacional. En la tercera fase se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que habían adquirido facturas falsas a la organización desarticulada y con las que se defraudaba a la hacienda pública.
En la cuarta y última fase se procedió a la detención de seis personas por delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público del que se acreditó su presunta pertenencia a la organización investigada, así como que cobraba cantidades económicas a cambio de información procedente de bases de datos oficiales.
La investigación policial ha finalizado con un total de 125 detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostitución. Además del material intervenido en los registros, se han bloqueado un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 vehículos y se ha anotado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.
