El Gobierno valenciano ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que estudie el Real Decreto del trasvase aprobado por el Consejo de Ministros y que regula, entre otros, el plan del Tajo y los caudales ecológicos que recortarán el agua trasvasada al Segura. El Consell ha pedido estudiar la posibilidad de presentar recurso, ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial. Con el informe de la Abogacía, la Generalitat estudiará las medidas a emprender para defender los intereses del campo alicantino.
La noticia llega tras el anuncio realizado por el Gobierno de Murcia, en manos del popular Fernando López Miras, que aseguró que recurrirá ante el Supremo, una advertencia que también manifestaron los regantes y agricultores alicantinos este mismo martes.
Ayudas al agua desalada
Lo ha confirmado este jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, que, además, ha anunciado este jueves que el Consell rebajará en diez céntimos el precio del agua desalada fijado por el Gobierno, con lo que pasará de 34 céntimos por metro cúbico a 24 céntimos. Puig, ha reiterado que el Consell seguirá ayudando a los regantes porque «el gran objetivo no es la utilización política permanente del agua». «Lo que interesa a los regantes y a la Comunitat es tener agua para siempre, y eso lo vamos a conseguir», ha aseverado.
Además, ha garantizado que la Generalitat se mantendrá «donde ha estado siempre desde el minuto cero» respecto a este trasvase. «Hemos ido más de 40 veces a los tribunales y continuaremos yendo, pero queremos agua para siempre, no como ustedes que estuvieron durante un año sin aportar ni una gota al Tajo-Segura», ha declarado en alusión al gobierno del PPCV antes de 2015.
El president también ha avanzado también que va a solicitar la Constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras que garantice agua para siempre en la Vega Baja y que en esa comisión estarán los regantes.
«Moderada satisfacción» en el Consell
La primera respuesta de la Generalitat tras conocerse el Real Decreto fue de «moderada satisfacción» por los cambios introducidos por el Ministerio en el documento. Desde el Consell aseguraron que se reconocía la evaluación de la situación de ambas cuencas a la vez, tanto la cedente en función de la situación de los caudales, como la receptora. También celebraban la promesa del Gobierno de España de tener en año y medio una nueva planificación hidrológica, con criterios y metodología común para todas las cuentas.
Fuentes de la Generalitat creían que los cambios iban en la buena dirección pero, en cualquier caso, preferían esperar a valorar todo el Real Decreto con detalle y no descartaban, llegado el caso, adoptar medidas legales. Ahora, con la petición realizada a la Abogacía de la Generalitat, se abre más esa vía.
La Diputación de Alicante estudia la vía legal
El presidente de la Diputación de Alicante y líder de los populares en la Comunitat, Carlos Mazón, ha manifestado que ya ha dado «instrucciones» a los servicios jurídicos de la institución que encabeza para que de «inmediato» prepararen su personación y su recurso ante el Tribunal Supremo.
Mazón ha asegurado que la Diputación «ya ha iniciado la estrategia jurídica sin ningún tipo de arruga» porque no «les va a fallar» a los regantes: «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano».
«La mayor inversión en infraestructuras hídricas»
Sobre la cuestión de la posibilidad de que se abra una vía judicial entre la Generalitat y el Gobierno central, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha evitado pronunciarse.
Bernabé ha insistido en que la prioridad del Ejecutivo es realizar una inversión histórica en este tipo de infraestructuras: «Estamos centrados en garantizar a las cuentas del Segura el agua que necesitan».
