Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha acordado reabrir la investigación sobre el atentado de ETA al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola de 2002 para determinar la vinculación de seis exdirigentes de la banda terrorista con los hechos. En el atentado murieron una niña de 6 años y un hombre de 57.
La decisión de reabrir el caso se toma a instancias de la asociación de víctimas “Dignidad y Justicia”, la cual presentó recientemente una querella contra los exjefes de ETA: Juan Antonio Olarra Guridi, Jon; Ainhoa Mugica, Olga; Félix Ignacio Esparza, Navarro; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y María Soledad Iparraguire, Anboto.
Tras abrir diligencias previas y pedir opinión a la Fiscalía, la cual dio su apoyo a la reapertura de la causa, el magistrado ha decidido reabrir el sumario y continuar su tramitación. La primera actuación que se ha llevado a cabo es ordenar a la Guardia Civil y Policía Nacional que recaben los datos que relacionen a los 6 exdirigentes de la banda terrorista con el atentado de Santa Pola por el que ya fueron condenados Óscar Celarain y Andoni Otegi.
El juez ha explicado en el auto que, la reapertura de actuaciones, se lleva a cabo cuando existen, como en este caso, “nuevos elementos o circunstancias a valorar y que guarden directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación”.
Asimismo, esta reapertura se enmarca dentro de las acciones que está llevando a cabo la asociación de víctimas “Dignidad y Justicia” para impulsar la reapertura de procedimientos judiciales contra dirigentes etarras por omisión, ya que, según esta asociación, podrían haber impedido los atentados dada su capacidad de mando en la organización terrorista. Se trata de la figura del “autor detrás del autor”. En el caso del atentado de Santa Pola de 2002, la querella especifica que los seis querellados integraban, presuntamente, la cadena de mando intermedia y el Comité Ejecutivo.
Mediante este proceso, ya se habrían abierto casos como los asesinatos a manos de ETA de los concejales populares Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez en 1997 y 1995 respectivamente.
