La Fundación Elche Acoge ha cerrado el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Ministerio de Inclusión con un balance de 810 expedientes tramitados, 2.215 informes de vulnerabilidad emitidos y 1.800 personas atendidas e informadas durante los dos meses y medio que ha permanecido abierto el procedimiento.
El 80% de los expedientes gestionados corresponden a personas residentes en Elche, aunque también se ha atendido a ciudadanos de municipios cercanos e incluso de otras provincias atraídos por la rapidez con la que la fundación puso en marcha el servicio.
Las nacionalidades más atendidas han sido personas procedentes de Colombia, Marruecos, Argentina, Argelia y Perú, mientras que las principales dificultades se han concentrado en ciudadanos de Argelia y Cuba por los problemas para legalizar documentación y conseguir citas en los consulados españoles.
El abogado especialista en Extranjería de Elche Acoge, Zurab Oganesyan, ha indicado que hasta el momento, ya se han recibido cinco resoluciones definitivas favorables y ninguna desfavorable, aunque la mayoría de expedientes continúa en tramitación. La resolución provisional, prevista en torno a dos meses, permite ya trabajar legalmente, mientras que la definitiva se estima que se retrase hasta tres meses.
La coordinadora de la entidad, Trini Urbán, ha destacado que Elche Acoge ha sido una de las organizaciones colaboradoras autorizadas para gestionar íntegramente los expedientes y elaborar los certificados de vulnerabilidad exigidos en muchos de los casos. Según ha explicado, la demanda superó todas las previsiones, ya que las citas para tramitar expedientes se agotaron en apenas tres días. Ante esta situación, la fundación reforzó el servicio de información y asesoramiento con un equipo de ocho profesionales para revisar documentación y derivar a las personas a los organismos competentes cuando ya no era posible tramitar nuevos expedientes.
Trini Urbán ha querido subrayar que este proceso no supone un efecto llamada, sino que está dirigido a personas que ya vivían en España y trabajaban en la economía sumergida. En este sentido, ha defendido que la regularización permite acceder a un contrato de trabajo, cotizar y ejercer derechos fundamentales, con una integración real en la sociedad.
