El cierre de la clínica dental Gab-O Oralis, anteriormente conocida como la consulta del doctor Mariano Follana, ha dejado a cientos de pacientes de Elche con tratamientos interrumpidos y miles de euros abonados por adelantado. Los afectados han comenzado a organizarse a través de un grupo de WhatsApp que ya reúne a más de 660 personas para buscar soluciones y estudiar posibles acciones legales.
Entre los perjudicados se encuentra Paqui Juan Campello, cuyo hijo lleva en tratamiento desde 2023. Aunque había abonado la ortodoncia hace dos años, todavía acudía a revisiones mensuales y tenía una nueva cita prevista para el 9 de noviembre. Paqui asegura que se ha enterado del cierre a través de las redes sociales y que ha acudido a la clínica para intentar conseguir información.
Ana Vanesa Ferrández denuncia una situación similar. Su hija lleva ortodoncia desde antes de la pandemia y, pese a haber terminado de pagar un tratamiento presupuestado en unos 2.900 euros, todavía no se le han retirado los brackets. La madre asegura que ahora tendrá que acudir a otro especialista y asumir nuevos gastos para finalizar el procedimiento.
Otra de las afectadas, María Jesús Gómez, ha explicado que su hija de nueve años ha quedado con el tratamiento a medias después de que la familia abonara 1.500 euros por una primera fase de ortodoncia. Según relata, recibió un mensaje comunicando la suspensión temporal de la actividad, pero no ha conseguido acceder al historial clínico de la menor. Además, ha señalado que otras clínicas le han advertido de las dificultades para continuar tratamientos iniciados con materiales de otro centro.
Especialmente indignada se muestra Natalia Antón, que ha asegurado haber pagado 3.080 euros a principios de septiembre para iniciar un nuevo tratamiento de brackets a su hijo. Según su testimonio, desde la clínica le insistieron en que debía realizar el pago de manera inmediata. Antón sostiene que, entre los tratamientos de sus dos hijos, ha desembolsado cerca de 5.000 euros, sin contar una ortodoncia anterior ya finalizada. La afectada cuestiona que se siguieran cobrando tratamientos cuando, según ha afirmado, la empresa ya atravesaba dificultades económicas.
La clínica, integrada en el grupo Oralis, ha suspendido temporalmente su actividad en el contexto del concurso de acreedores de la empresa. Mientras tanto, los pacientes reclaman información sobre sus expedientes médicos, la continuidad de los tratamientos y la posibilidad de recuperar el dinero abonado.
Los afectados y afectadas estudian ahora presentar reclamaciones conjuntas y acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), especialmente en los casos de tratamientos financiados o pagados íntegramente que no han llegado a completarse.
