Representantes de las asociaciones vecinales de Torrellano y El Altet han comparecido este jueves para denunciar la situación que viven las pedanías más próximas al aeropuerto por la proliferación de las conocidas como «campas», grandes aparcamientos de vehículos que, aseguran, llevan décadas instalándose en suelo agrícola.
El presidente de la Asociación Vial de Torrellano, Juan José Mateo, ha explicado que el Plan General de Urbanismo, aprobado en 1997, prohíbe este tipo de actividad en suelo no urbanizable y ha señalado que, al no haberse modificado este planeamiento, todas las campas continúan siendo ilegales. Por ello, ha pedido al alcalde, Pablo Ruz, que intervenga para poner fin a esta situación y ha asegurado que «no se puede gobernar a 11 kilómetros».
Por su parte, Ángel Soler, presidente de la Asociación El Altet Decide, ha acusado al gobierno valenciano de promover una “amnistía encubierta” para este tipo de instalaciones. Según ha explicado, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat incorpora una cláusula que podría ser la vía de escape por donde podrían mantenerse las campas ya que permite implantar en suelo no urbanizable actividades vinculadas al transporte siempre que no generen residuos.
La presidenta de la Asociación Vecinal de Torrellano Alto, Isabel Guilabert, ha calificado de «desastrosa» la situación que vive la pedanía. Además, ha denunciado que, tras el cierre de algunas campas, muchos vehículos se están estacionando en calles y caminos del entorno. Asimismo, la presidenta ha advertido de las consecuencias medioambientales de estas instalaciones y ha asegurado que provocan inundaciones en viviendas que anteriormente no sufrían este problema. Además, ha lamentado que la proliferación de campas esté «estrangulando el crecimiento de la pedanía», ya de por sí condicionada por la contaminación acústica y ambiental del aeropuerto, y ha reclamado que Torrellano «necesita crecer, no convertirse en un cementerio de coches».
Hace unos días, el alcalde explicó que, aunque la legislación autonómica pueda contemplar determinados usos, estos continúan supeditados al planeamiento municipal. En este sentido, recordó que el Plan General de Elche prohíbe expresamente las campas, una limitación que, según afirmó, «sigue plenamente vigente».
Respecto a las campas clausuradas, Ruz ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene un control sobre las instalaciones precintadas y está permitiendo la retirada escalonada de los vehículos para no perjudicar a sus propietarios. Además, subrayó que el Consistorio continuará actuando contra las explotaciones ilegales y se mostró convencido de que «el Ayuntamiento va a ganar esta batalla», porque, según afirmó, «quienes quieren imponer un negocio lucrativo frente a la legalidad no lo van a conseguir».
